La actual modificación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1.988 tramitada por el gobierno de la nación, supone una fuerte involución histórica en la ordenación del territorio costero y la práctica vuelta atrás a la situación de los años 60.

Si bien uno de los motivos esenciales de la ley del 88 era poner fin a la situación de desorden generalizado extendido por toda la costa española, con esta iniciativa se consigue justo lo contrario. La nueva normativa da seguridad jurídica y consolida las actuaciones ilegales cometidas en el pasado. De esta manera el gobierno apuesta por mantener los usos insostenibles del litoral español y la degradación de su paisaje y valores naturales.

Con la actual reforma el gobierno abandona la defensa del interés general y asegura la ocupación desordenada del dominio público marítimo terrestre.