19
Dic
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GREENPEACE REVELA UN POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES DEL PARTIDO POPULAR EN LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS

Publicado el por Ivan Gregores

Abel Matutes, Villar Mir y Bautista Soler son algunos de los que podrían beneficiarse de la reforma

El proyecto de reforma de Ley de Costas es arbitrario y no favorece a todos por igual, desprotege ecosistemas, prolonga la ocupación privada 75 años más y no tiene en cuenta el peligro y costes del cambio climático 

Greenpeace ha publicado hoy el informe 
Amnistía a la destrucción donde se denuncian los principales elementos perjudiciales para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados y señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa. Greenpeace denuncia que el proyecto de Ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas. 
A finales de 2011, el ministro Arias Cañete anunciaba una profunda reforma de la Ley de Costas y la presentó en julio de 2012, sólo seis meses después del anuncio. Muy pocos sectores han tenido el privilegio de acceder a los borradores del texto y participar en la redacción de la Ley. Un proyecto de reforma legislativa que no estaba ni siquiera contemplado en el programa electoral del PP en las elecciones generales. La organización ecologista está sorprendida con la urgencia con la que se ha tramitado esta ley de gran calado ambiental y social. Greenpeace ha denunciado en varias ocasiones que ninguna organización ambiental, científica o autonomía ha tenido acceso al texto antes de que fuese presentado como anteproyecto. 
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido siempre persona de confianza del Partido Popular y no es la primera vez que ocupa un puesto ministerial. Durante el periodo 2004-2011, tras ser ministro, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios como en las petroleras Dúcar o Petrologis Canarias. En 2004, cuando Arias Cañete deja de ser ministro de Agricultura, es nombrado consejero de la promotora Bami Newco junto a los principales empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. En 2011, antes de volver a la cartera, el ministro renuncia a su puesto como consejero en Bami pero se reserva una acción. Estos datos demuestran que la carrera de Cañete no está ligada a la protección del medio ambiente sino a unos intereses muy distintos.
La nueva Ley de Costas excluye a las salinas del terreno público costero. Greenpeace señala que Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, ha llegado a declarar sobre la reforma de Ley de Costas que «es una Ley en la que yo mismo he trabajado mucho» y dada la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley de Costas, en la que se excluye del dominio público marítimo terrestre las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, no cabe duda. Abel Matutes tiene importantes intereses empresariales en estos tramos de costa como 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa. Su colega y expresidente de Baleares con el PP, Gabriel Canellas, es también propietario de muchas propiedades en Formentera, indultada de la aplicación de la Ley o las Salinas de Ibiza y San Pedro del Pinatar (Murcia). 
Otro empresario relacionado con el Partido Popular es el ex ministro Villar Mir, que posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones de actividad, en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ven beneficiadas de los recortes de la nueva Ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejería, a las órdenes de Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia. 
Por último, Greenpeace relaciona los posibles intereses de constructores muy ligados con el PP. Bautista Soler, es el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia) que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera en la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados. Bautista Soler, es socio y amigo de otros empresarios del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de mar sobre terrenos vírgenes. Todos ellos, han estado relacionados junto a Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco, fundada tras separarse de Metrovacesa, la principal inmobiliaria del Estado. 
Por todo lo expuesto, Greenpeace pide al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley y que cualquier modificación de la Ley de Costas de 1988 cumpla escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y con la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas. El Proyecto de Ley debe ser elaborado de forma pública e independiente durante lo que resta de legislatura. 

19
Dic
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La hipocresía y desfachatez de la Junta de Castilla y León no tiene límites

Publicado el por Ivan Gregores

El pasado 27 de Septiembre se celebró el día Internacional del turismo en Castilla y León con este
lema. “Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo”.
Llama la atención que sea la la propia administración autonómica, con su Consejería de Cultura y
Turismo a la cabeza, la que arropándose de un supuesto lenguaje ecológico, difunda y defienda el
concepto de sostenibilidad a través de una Exposición que propugna dogmas arrebatados sin rubor a
los movimientos conservacionistas, mientras simultáneamente, está promoviendo un proyecto de Ley
Regional para el Desarrollo Turístico Sostenible de San Glorio, que enmascara en forma y fondo la
construcción de una Estación de Esquí en un paraje protegido.
Resulta paradójico que en los mismos folletos de la exposición se afirme literalmente principios
como “Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuo en el futuro, al tiempo
que reportan beneficios”, o “ El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause
serios problemas ambientales o socioculturales”, o “la calidad ambiental se mantiene o mejora”.
Díganme ustedes si una Estación de esquí cumple alguno de los requisitos que se han enumerado
anteriormente. El impacto de la macroestación que se quiere implantar tendría consecuencias
irreversibles sobre la fauna y flora de la zona, endemismos incluidos; se contaminarían las aguas y el
aire por la llegada de miles de coches y decenas de miles de personas dejando abundante
desperdicios por todas partes; el desbroce de vegetación, el movimiento de tierras, el desvío de las
aguas, la construcción de centenares de pilones, casetas, tuberías, caminos de acceso, parkings,
balsas de agua,,,, todo ello con la excusa de que la nieve se aprovecha temporada tras temporada.
Lo que no dicen, los responsables públicos ni la empresa que lo promueve, es las cifra de
consumo energético ingente que necesita para funcionar, lo que no cuentan es que la innivación y el
frío año disminuye año tras año, ocultan las cuentas negativas del resto de las estaciones de la
Comunidad con millones de euros de pérdidas, se callan que, como Ley que es, expropiarán las tierra
a los propietarios sin contar con ellos, miran para otro lado cuando desde Asociaciones de la zona
plantean otras alternativas empresariales por y para la gente de la zona… ¿Tan acostumbrados
estamos a su soberbia y prepotencia que no vemos la cruda realidad de los hechos?
Podríamos decir que los loables objetivos de la Consejería deberían plasmarse finalmente en sus
proyectos y propuestas; pero no, realmente no; es simplemente una letanía que repite una y otra vez
lo contrario de lo que hacen para engañar a propios y extraños acerca del verdadero papel
depredador que ha asumido la clase política de la Comunidad
Por último, y para los más escépticos, la junta nunca ha tenido un informe serio técnico o científico
que muestre el beneficio global de tal descabellada idea. Mas bien, todo lo contrario. Universidades,
CSIC, meteorólogos y científicos han desaconsejado su construcción una y otra vez por motivos
ambientales, climáticos, económicos, culturales y sociales; Incluso jurídicamente con sentencias del
TSJ de Castilla y león y del Tribunal Supremo por ir en contra de la propia Ley Autonómica y
Nacional. Pero no se echan para atrás, simplemente, incurriendo en fraude de Ley Única y de interés
General, se pasan todos los fallos por la badana. Así de claro
Entonces, ¿cual es el verdadero interés?. España está en venta. La deuda arrastra al país.
Privaticemos los Espacios Naturales. Vendámoslos. Permitamos su expolio para seguir pagando los
intereses a los especuladores. Triste, pero indefectiblemente cierto.

Fco Javier Escudero González, portavoz de la Plataforma en Defensa de San Glorio

04
Dic
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La nueva Ley de Costas privatizará el litoral español contrariando el artículo 132.2 de la Constitución

Publicado el por Ivan Gregores

Dice el artículo 132.2 de la Constitución española que: “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar litoral y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

Con la nueva Ley de Costas que quiere aprobar el Gobierno de España parece perseguirse la destrucción de una buena parte del litoral español, contrariando el mandato constitucional. Paradójicamente es el encargado de defender el bien común quien pretende habilitar la herramienta para que éste pase a manos privadas. Un claro ejemplo son las concesiones de ocupación de dominio público, que se ampliarían otros 75 años, lo que significa su práctica privatización.

El actual Gobierno español quiere volver atrás en el tiempo y resucitar la especulación urbanística en la costa. El doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que parecía desterrado con la anterior Ley de Costas, será reavivado con esta nueva ley, con las graves y conocidas consecuencias que ello acarrea.