La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que debería ser una herramienta de protección de nuestras costas, va a ser un instrumento para su destrucción.
La Ley, no añade seguridad jurídica. Vulnera el artículo 132.2 de la Constitución, que dice que, en todo caso, son bienes de dominio público estatal, entre otros, la zona marítimo-terrestre y las playas, por lo que es más que posible que, tras su aprobación, sea declarada inconstitucional.
La Ley no protege nuestras costas, sino que reduce la servidumbre de protección a 20 metros de la orilla del mar, dejando en manos de los ayuntamientos los informes sobre si es adecuado o no construir en determinadas zonas. En las décadas pasadas hemos podido comprobar la irresponsabilidad de muchos ayuntamientos en lo referente a la protección de nuestra costa.
La Ley pretende, al contrario que la anterior de 1988, privatizar buena parte de nuestro litoral. Su redacción obedece a los intereses de los constructores y especuladores y no al interés general que dice defender.
La Ley no tiene en cuenta el cambio climático, lo que va a suponer la absoluta falta de prevención de riesgos frente a este fenómeno.
El lo que se refiere a Cantabria, todas las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas. No cumplir lo fallado por los tribunales supone un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Legislativo que añade aún más inseguridad jurídica a una ley que pretende todo lo contrario de lo que dice su enunciado.
