Dice el artículo 132.2 de la Constitución española que: “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar litoral y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
Con la nueva Ley de Costas que quiere aprobar el Gobierno de España parece perseguirse la destrucción de una buena parte del litoral español, contrariando el mandato constitucional. Paradójicamente es el encargado de defender el bien común quien pretende habilitar la herramienta para que éste pase a manos privadas. Un claro ejemplo son las concesiones de ocupación de dominio público, que se ampliarían otros 75 años, lo que significa su práctica privatización.
El actual Gobierno español quiere volver atrás en el tiempo y resucitar la especulación urbanística en la costa. El doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que parecía desterrado con la anterior Ley de Costas, será reavivado con esta nueva ley, con las graves y conocidas consecuencias que ello acarrea.
