Después de permitir durante años la masificación urbanística de nuestro litoral, ahora el Parlamento y el Gobierno de Cantabria ceden nuevamente a las presiones de los alcaldes y constructores y preparan una serie de modificaciones legales para trasladar la especulación urbanística a los pueblos del interior.
Si Parlamento y Gobierno llevan a cabo sus propósitos, alcaldes y especuladores tendrán las herramientas necesarias para destruir los elementos del paisaje rural (pueblos de arquitectura típica, cabañas en fincas ganaderas, cierres tradicionales y mieses agrícolas) que identifican la personalidad histórica de Cantabria.
¿CÓMO LO PRETENDEN HACER?
Modificando la Ley del Suelo con el fin de dar más competencias urbanísticas a los alcaldes.
Desechando, una vez más, la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), una ley que venía a ser como el POL para toda la Comunidad Autónoma y que tenía que haber sido aprobada en 2002.
Devaluando las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) que son de obligado cumplimiento en los municipios que no tienen Plan General de Urbanismo, es decir, en la práctica totalidad de los municipios del interior de Cantabria. Estas normas sirven para orientar cómo edificar en los núcleos rurales.
¿CUÁLES SERÍAN SUS CONSECUENCIAS?
Las cabañas e invernales se convertirán en viviendas de segunda residencia y su entorno sufrirá una profunda transformación.
Multiplicar la construcción de pistas para acceder a las cabañas y favorecer su venta a personas con intereses completamente distintos a los del mundo rural.
Se edificarán nuevas viviendas a costa de destruir las mejores mieses agrícolas, simplemente porque son llanas y con fáciles accesos.
El patrimonio formado por casas y casonas montañesas va a quedar desfigurado con nuevas construcciones de gran volumen y aspecto urbano.
El desarrollo rural de Cantabria quedará en manos de los promotores y los constructores, tal y como ha ocurrido en los pueblos del litoral.
¿QUÉ PROPONE ARCA?
La inmediata tramitación del PROT (acompañada de informes paisajísticos, agrológicos, culturales y de todo tipo), de modo que prevalezca un modelo urbanístico que mejore la calidad de vida de los pueblos de Cantabria y sea al mismo tiempo respetuoso con la tradición y el paisaje.
Que en vez de modificar la Ley del Suelo para dar más competencias a los alcaldes, se modifique para quitárselas, fundamentalmente para que no puedan aprobar los Planes Parciales sin autorización expresa de la CROTU.
Mantener la actual redacción de las NUR y exigir su correcta aplicación a los Ayuntamientos.
Aprobación de una Ley del Paisaje y protección a ultranza de los mejores suelos agrícolas y ganaderos.
Puesta en marcha de verdaderas políticas de desarrollo rural que incluyan buenos servicios públicos (educación, sanidad, comunicación, etc) y políticas sostenibles en materia forestal, turística, artesanal, etc.
