La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria pretende instalar 1.400 MW en la Comunidad Autónoma, en lugar de los 300 MW inicialmente previstos, lo que supondrá la instalación de más de 700 molinos (de 2 MW). No cuestionamos en absoluto la necesidad de impulsar las energías renovables, como la eólica, ante la grave amenaza global que supone el cambio climático. No obstante, las particulares características geográficas y naturales de Cantabria, hacen que la pretensión del Gobierno resulte desproporcionada, precipitada e insostenible, por los graves daños ambientales, paisajísticos, económicos, sociales y culturales que va a ocasionar la degradación de nuestro medio natural.
Preocupadas por los planes de la Consejería, y conscientes de las consecuencias que pueden traer consigo esa estrategia, ARCA, ADIC, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO / Birdlife y Revista Cantárida hemos formado la Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica para, en la medida de lo posible, aportar racionalidad a los planeamientos eólicos y propiciar un amplio debate social sobre una medida que puede significar el mayor impacto paisajístico de la historia de Cantabria.
DENUNCIAMOS
- Que el proyecto de instalar eólicos se ha impuesto sin redactar un Plan Eólico, incumpliendo el Convenio Aarhus sobre la obligada participación del tejido social de Cantabria, y sin haberse sometido a evaluación estratégica ambiental.
- Que hechos como éste son consecuencia de que el Gobierno de Cantabria renuncia a disponer de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Con ello el suelo de toda Cantabria está permanentemente amenazado por las Administraciones que pueden llevar a cabo todo tipo de iniciativas a su antojo y sin traba alguna, aun cuando supongan graves agresiones contra nuestro entorno.
SOLICITAMOS
- La paralización temporal del concurso para la implantación de la energía eólica en Cantabria.
- La tramitación de un auténtico Plan Eólico que se someta a evaluación estratégica ambiental y que cuente con la necesaria transparencia y participación social.
