Medio Ambiente multa con 3.000 euros al Ayuntamiento de Noja tras la denuncia de ARCA

Medio Ambiente multa con 3.000 euros al Ayuntamiento de Noja (Cantabria) por verter al mar aguas residuales sin depurar

POL

El Plan de Ordenación del Litoral (POL) es una respuesta necesaria, pero insuficiente, a los problemas de gestión territorial en los municipios costeros de la región. No obstante el POL ha conseguido un amplio consenso social, incluido el apoyo de ARCA, que lo legitima como una herramienta útil durante un periodo limitado de tiempo.

Porque la escasez de información de base y la timidez del Plan a la hora de proteger los valores litorales y de fijar con precisión un modelo de desarrollo sostenible, exige que el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) lo sustituya con medidas más eficaces.

S.O.S. Oyambre

Desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado (como ejemplo de una movilización ciudadana sin precedentes para evitar la destrucción de uno de los enclaves más valiosos del litoral de Cantabria) hasta la catarata de sentencias judiciales obtenidas por ARCA contra las maniobras del Gobierno de Cantabria, el Parlamento y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para favorecer la continuidad del campo de golf sobre las dunas de Oyambre y la construcción de determinadas proyectos urbanísticos sobre suelos protegidos en el interior del parque natural (Santa Marina y otros)

La historia de Oyambre es la historia de ARCA y la del movimiento ecologista de Cantabria.

Ladrillazo

¿QUÉ ES EL LADRILLAZO?

  • Después de permitir durante años la masificación urbanística de nuestro litoral, ahora el Parlamento y el Gobierno de Cantabria ceden nuevamente a las presiones de los alcaldes y constructores y preparan una serie de modificaciones legales para trasladar la especulación urbanística a los pueblos del interior.
  • Si Parlamento y Gobierno llevan a cabo sus propósitos, alcaldes y especuladores tendrán las herramientas necesarias para destruir los elementos del paisaje rural (pueblos de arquitectura típica, cabañas en fincas ganaderas, cierres tradicionales y mieses agrícolas) que identifican la personalidad histórica de Cantabria.
¿CÓMO LO PRETENDEN HACER?

  • Modificando la Ley del Suelo con el fin de dar más competencias urbanísticas a los alcaldes.
  • Desechando, una vez más, la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), una ley que venía a ser como el POL para toda la Comunidad Autónoma y que tenía que haber sido aprobada en 2002.
  • Devaluando las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) que son de obligado cumplimiento en los municipios que no tienen Plan General de Urbanismo, es decir, en la práctica totalidad de los municipios del interior de Cantabria. Estas normas sirven para orientar cómo edificar en los núcleos rurales.
¿CUÁLES SERÍAN SUS CONSECUENCIAS?

  • Las cabañas e invernales se convertirán en viviendas de segunda residencia y su entorno sufrirá una profunda transformación.
  • Multiplicar la construcción de pistas para acceder a las cabañas y favorecer su venta a personas con intereses completamente distintos a los del mundo rural.
  • Se edificarán nuevas viviendas a costa de destruir las mejores mieses agrícolas, simplemente porque son llanas y con fáciles accesos.
  • El patrimonio formado por casas y casonas montañesas va a quedar desfigurado con nuevas construcciones de gran volumen y aspecto urbano.
  • El desarrollo rural de Cantabria quedará en manos de los promotores y los constructores, tal y como ha ocurrido en los pueblos del litoral.
¿QUÉ PROPONE ARCA?

  • La inmediata tramitación del PROT (acompañada de informes paisajísticos, agrológicos, culturales y de todo tipo), de modo que prevalezca un modelo urbanístico que mejore la calidad de vida de los pueblos de Cantabria y sea al mismo tiempo respetuoso con la tradición y el paisaje.
  • Que en vez de modificar la Ley del Suelo para dar más competencias a los alcaldes, se modifique para quitárselas, fundamentalmente para que no puedan aprobar los Planes Parciales sin autorización expresa de la CROTU.
  • Mantener la actual redacción de las NUR y exigir su correcta aplicación a los Ayuntamientos.
  • Aprobación de una Ley del Paisaje y protección a ultranza de los mejores suelos agrícolas y ganaderos.
  • Puesta en marcha de verdaderas políticas de desarrollo rural que incluyan buenos servicios públicos (educación, sanidad, comunicación, etc) y políticas sostenibles en materia forestal, turística, artesanal, etc.

Eólicos sí, pero no así

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria pretende instalar 1.400 MW en la Comunidad Autónoma, en lugar de los 300 MW inicialmente previstos, lo que supondrá la instalación de más de 700 molinos (de 2 MW). No cuestionamos en absoluto la necesidad de impulsar las energías renovables, como la eólica, ante la grave amenaza global que supone el cambio climático. No obstante, las particulares características geográficas y naturales de Cantabria, hacen que la pretensión del Gobierno resulte desproporcionada, precipitada e insostenible, por los graves daños ambientales, paisajísticos, económicos, sociales y culturales que va a ocasionar la degradación de nuestro medio natural.

Preocupadas por los planes de la Consejería, y conscientes de las consecuencias que pueden traer consigo esa estrategia, ARCA, ADIC, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO / Birdlife y Revista Cantárida hemos formado la Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica para, en la medida de lo posible, aportar racionalidad a los planeamientos eólicos y propiciar un amplio debate social sobre una medida que puede significar el mayor impacto paisajístico de la historia de Cantabria.

DENUNCIAMOS

  • Que el proyecto de instalar eólicos se ha impuesto sin redactar un Plan Eólico, incumpliendo el Convenio Aarhus sobre la obligada participación del tejido social de Cantabria, y sin haberse sometido a evaluación estratégica ambiental.
  • Que hechos como éste son consecuencia de que el Gobierno de Cantabria renuncia a disponer de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Con ello el suelo de toda Cantabria está permanentemente amenazado por las Administraciones que pueden llevar a cabo todo tipo de iniciativas a su antojo y sin traba alguna, aun cuando supongan graves agresiones contra nuestro entorno.
SOLICITAMOS

  • La paralización temporal del concurso para la implantación de la energía eólica en Cantabria.
  • La tramitación de un auténtico Plan Eólico que se someta a evaluación estratégica ambiental y que cuente con la necesaria transparencia y participación social.

ARCA denuncia la existencia de vertederos incontrolados en el parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

ARCA denuncia vertederos incontrolados

ARCA PARTICIPA EN EL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA DESDE SU CREACIÓN

ARCA entra a formar parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria.

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

La urbanización del alto del Cuco ha sido un referente en toda España por el escándalo que supone cortar una montaña para hacer viviendas.La demolición es un hito que rompe con un largo pasado de impunidad.
Por fin,en este pais,lo construido ilegalmente puede ser derribado,
La ordenación de los usos del suelo condiciona de manera definitiva la calidad de vida y el modelo económico de toda sociedad.Por ello,dicha ordenación tiene un elevado interés social que no puede quedar al azar de la mayor o menor sensibilidad o responsabilidad de cada Ayuntamiento.Debe de haber unas línias rojas que garantice que gobierne quien gobierne en cualquier municipio,no se cometan abusos como lo ocurrido en el Cuco.
Para ello es necesario la elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio.Plan que seguimos esperando desde hace 14 años.
El Cuco se tira,y el Ayuntamiento de Pielagos relanza desafiante el mismo plan urbanistico que lo hizo posible: completa construción de la parte media y baja de la misma montaña,,,,evitar cumplir las numerosas sentencias de derribo aun pendientes,maxima expansión constructiva en grandes bolsas de suelo rústico,y en definitiva:,,masiva transformación de prados en urbanizaciones.
ARCA estara vigilante.La lucha por la ordenación del territorio continua

El Cuco se derriba

 

La urbanización del alto del Cuco ha sido un referente en toda España por el escándalo que supone cortar una montaña para hacer viviendas.La demolición es un hito que rompe con un largo pasado de impunidad.
Por fin,en este país,lo construido ilegalmente puede ser derribado,
La ordenación de los usos del suelo condiciona de manera definitiva la calidad de vida y el modelo económico de toda sociedad.Por ello,dicha ordenación tiene un elevado interés social que no puede quedar al azar de la mayor o menor sensibilidad o responsabilidad de cada Ayuntamiento.Debe de haber unas líneas rojas que garantice que gobierne quien gobierne en cualquier municipio,no se cometan abusos como lo ocurrido en el Cuco.
Para ello es necesario la elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio.Plan que seguimos esperando desde hace 14 años.
El Cuco se tira,y el Ayuntamiento de Piélagos relanza desafiante el mismo plan urbanístico que lo hizo posible: completa construcción de la parte media y baja de la misma montaña,,,,evitar cumplir las numerosas sentencias de derribo aun pendientes,máxima expansión constructiva en grandes bolsas de suelo rústico,y en definitiva:,,masiva transformación de prados en urbanizaciones.
ARCA estara vigilante.La lucha por la ordenación del territorio continua

La destrucción de arbolado se ha consumado,en la carretera de GOLBARDO-NOVALES

A pesar de las denuncias presentadas por diferentes grupos ecologistas la destrucción se ha consumado,en la carretera de GOLBARDO-NOVALES

 

La imagen puede contener: árbol, planta, hierba, cielo, exterior y naturaleza

La imagen puede contener: montaña, exterior y naturaleza

CONCENTRACIÓN EN EL MOLINO DE BOLAO

5 de junio a las 12:00 horas

El sábado día 21, en una reunión de vecinos con asistencia de los concejales de la oposición del ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y de la presidenta de la junta vecinal de Cóbreces, se acordó realizar una concentración en el Molino Bolao a las 12 horas del día 5 de junio con el objetivo de que todas las personas puedan manifestar su rechazo al “Proyecto de dotación de Mirador en el Volao y mejora del acceso”, promovido por la Demarcación de Costas y el alcalde de Alfoz de Lloredo.

El proyecto constituye una sobreactuación innecesaria e injustificada, que desnaturaliza y altera la calidad de un paisaje singular y característico, en la franja litoral continua mejor conservada de toda la región: las praderas costeras y acantilados de la zona occidental de Cantabria. En territorios naturales abiertos, de amplia panorámica, lo mejor es no intervenir o limitar la intervención a lo mínimo necesario, para preservar precisamente los valores característicos del paisaje y del territorio.

Los motivos del rechazo a este proyecto se pueden resumir en los siguientes:

El molino y la cascada del arroyo Bolao o de la Presa se encuentra en un lugar particularmente frágil, en una singular cuenca visual muy expuesta a impactos irreversibles sobre el paisaje y la línea de contacto de la franja marítimo-terrestre en un escenario donde la presencia humana ha sido respetuosa por su limitada presión, el escaso número de visitas y su obligado acceso peatonal sin necesidad de hacer aparcamientos o facilitar el tráfico rodado.

La ruina en sí misma constituye un atractivo más, siguiendo los criterios aplicados en muchos otros testimonios etnográficos e histórico-artísticos necesitados, en todo caso, de labores básicas de consolidación, eliminación de materiales o diseños ajenos a sus características originales, y reforzamiento de la seguridad en el tránsito de personas sin tener que realizar la cuantiosa inversión que se pretende ni artificializar con un planteamiento estandarizado y de inspiración urbana el conjunto afectado.

El acceso peatonal está garantizado teniendo en cuenta que, aprovechando la oportunidad, debería introducirse  la exigencia, además, de prohibir la llegada de vehículos a motor de cualquier naturaleza.

Resulta absolutamente innecesaria y absurda la colocación de vallas de madera a ambos lados de un camino de más de 400 metros, como si se estuviera al borde de un abismo, cuando lo que hay a ambos lados son praderías llanas y diáfanas.

La creación de un mirador en la ruina del molino, es otra actuación  innecesaria e inadecuada. El mirador natural es todo lo que existe ahora mismo. Su naturalidad actual es el núcleo esencial de la belleza y capacidad de atracción de ese paisaje, caracterizado por la no intervención con elementos ajenos añadidos.

Para cruzar el arroyo cercano, ya existe una pasarela consolidada y en excelente estado, por lo que resulta igualmente innecesario hacer otra.

Grupos que apoyan la concentración:

Grupo ALCEDA

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC)

Grupo TAR de la Universidad de Sevilla

Costa Quebrada

Cantárida

Arca

SOBRE LOS ESPIGONES

El próximo jueves, día 28 de Abril, a las 19:30 se celebrará en la sede de Arca, calle Francico de Quevedo 21, una conferencia sobre el proyecto de estabilización de las playas de la Magdalena, a cargo de Don Germán Flor Rodriguez , profesor titular del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.

Obras en la Playa de Laredo

ARCA insta al Gobierno a: «que no se malgaste el dinero público en obras inútiles e ilegales«.

 

 

 

 

ARCA creee que la Ley de Costas es un atentado gravísimo contra el litoral español

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que debería ser una herramienta de protección de nuestras costas, va a ser un instrumento para su destrucción.

La Ley, no añade seguridad jurídica. Vulnera el artículo 132.2 de la Constitución, que dice que, en todo caso, son bienes de dominio público estatal, entre otros, la zona marítimo-terrestre y las playas, por lo que es más que posible que, tras su aprobación, sea declarada inconstitucional. 

La Ley no protege nuestras costas, sino que reduce la servidumbre de protección a 20 metros de la orilla del mar, dejando en manos de los ayuntamientos los informes sobre si es adecuado o no construir en determinadas zonas. En las décadas pasadas hemos podido comprobar la irresponsabilidad de muchos ayuntamientos en lo referente a la protección de nuestra costa.

La Ley pretende, al contrario que la anterior de 1988, privatizar buena parte de nuestro litoral. Su redacción obedece a los intereses de los constructores y especuladores y no al interés general que dice defender.

La Ley no tiene en cuenta el cambio climático, lo que va a suponer la absoluta falta de prevención de riesgos frente a este fenómeno.

El lo que se refiere a Cantabria, todas las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas. No cumplir lo fallado por los tribunales supone un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Legislativo que añade aún más inseguridad jurídica a una ley que pretende todo lo contrario de lo que dice su enunciado.

La ley de impacto ambiental esconde la mercantilización de la biodiversidad

El borrador de ley de impacto ambiental da varios pasos atrás en materia de prevención ambiental, pero uno especialmente peligroso para la biodiversidad, los bancos de conservación, un mercado financiero de activos medioambientales. Ecologistas en Acción considera que estos mercados no aportan nada bueno a la conservación y mejora de la biodiversidad y, por el contrario, son un caldo de cultivo idóneo para la especulación y la pérdida de control legal sobre los recursos naturales más sensibles.
El borrador de ley de impacto ambiental anunciado por el Gobierno da pasos atrás en varios aspectos. El recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública. Además, se merma el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos. Pero de todo su contenido, en el borrador de la ley destaca la disposición adicional por la que se crean los llamados bancos de conservación que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define eufemísticamente como un «mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado».
En principio los llamados bancos de conservación se plantean con la aparentemente inocente intención de promover mejoras ambientales en el medio natural que puedan ser adquiridas por promotores de proyectos impactantes que requieran de medidas compensatorias.
Sin embargo esconden una realidad doblemente perversa. De entrada se asume y facilita que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto ambiental, y que por eso requieren de medidas compensatorias, se puedan desarrollar comprando unos créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación de un daño ambiental grave. Es decir, el efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.
Pero lo realmente perverso es el mecanismo por el que se crean y negocian los créditos del llamado banco de conservación, y que no es otra cosa que un mercado de títulos sobre activos ambientales otorgados a titulares de terrenos, los cuales se transmitirían en régimen de libre mercado y podrían ser negociables por terceras partes en mercados secundarios. Se crearía así un mercado que a último queda en manos de lo que decidan los mercados y, por lo tanto, de los intereses puramente económicos y especulativos.
Conservación de la biodiversidad y mercados financieros no casan en absoluto, responden a necesidades y mecanismos de funcionamiento bien diferentes. Además, a nadie le puede caber ninguna duda de quien tiene las perder en esta posible relación.
De hecho, ya hay casos parecidos que muestran como los mercados son incapaces de aportar otra cosa que especulación a los activos ambientales. Ahí está el comercio de derechos de emisión de carbono, con una burbuja especulativa creciente que ni el Parlamento Europeo ha sido capaz de resolver.
Desde el punto de vista ambiental no se vislumbra ningún impacto positivo de esta medida y sí la amenaza de que los mercados se adueñen de unos activos ambientales que de entrada no son propiedad de nadie en particular.
Las especies, los hábitats y los ecosistemas son patrimonio de todos, en muchos casos están protegidos, y otorgar sobre ellos títulos que dan derechos económicos es una forma de privatizarlos, seguramente ilegal según nuestro ordenamiento jurídico.
La biodiversidad no tiene nada que ganar con los bancos de conservación y sí mucho qué perder, por ello Ecologistas en Acción exige al Gobierno que renuncie a la creación de estos mercados financieros y busque otras fórmulas basadas en el respeto a las leyes y procedimientos ambientales para hacer frente a las medidas derivadas de la normativa de impacto ambiental.

GREENPEACE REVELA UN POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES DEL PARTIDO POPULAR EN LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS

Abel Matutes, Villar Mir y Bautista Soler son algunos de los que podrían beneficiarse de la reforma

El proyecto de reforma de Ley de Costas es arbitrario y no favorece a todos por igual, desprotege ecosistemas, prolonga la ocupación privada 75 años más y no tiene en cuenta el peligro y costes del cambio climático 

Greenpeace ha publicado hoy el informe 
Amnistía a la destrucción donde se denuncian los principales elementos perjudiciales para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados y señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa. Greenpeace denuncia que el proyecto de Ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas. 
A finales de 2011, el ministro Arias Cañete anunciaba una profunda reforma de la Ley de Costas y la presentó en julio de 2012, sólo seis meses después del anuncio. Muy pocos sectores han tenido el privilegio de acceder a los borradores del texto y participar en la redacción de la Ley. Un proyecto de reforma legislativa que no estaba ni siquiera contemplado en el programa electoral del PP en las elecciones generales. La organización ecologista está sorprendida con la urgencia con la que se ha tramitado esta ley de gran calado ambiental y social. Greenpeace ha denunciado en varias ocasiones que ninguna organización ambiental, científica o autonomía ha tenido acceso al texto antes de que fuese presentado como anteproyecto. 
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido siempre persona de confianza del Partido Popular y no es la primera vez que ocupa un puesto ministerial. Durante el periodo 2004-2011, tras ser ministro, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios como en las petroleras Dúcar o Petrologis Canarias. En 2004, cuando Arias Cañete deja de ser ministro de Agricultura, es nombrado consejero de la promotora Bami Newco junto a los principales empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. En 2011, antes de volver a la cartera, el ministro renuncia a su puesto como consejero en Bami pero se reserva una acción. Estos datos demuestran que la carrera de Cañete no está ligada a la protección del medio ambiente sino a unos intereses muy distintos.
La nueva Ley de Costas excluye a las salinas del terreno público costero. Greenpeace señala que Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, ha llegado a declarar sobre la reforma de Ley de Costas que «es una Ley en la que yo mismo he trabajado mucho» y dada la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley de Costas, en la que se excluye del dominio público marítimo terrestre las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, no cabe duda. Abel Matutes tiene importantes intereses empresariales en estos tramos de costa como 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa. Su colega y expresidente de Baleares con el PP, Gabriel Canellas, es también propietario de muchas propiedades en Formentera, indultada de la aplicación de la Ley o las Salinas de Ibiza y San Pedro del Pinatar (Murcia). 
Otro empresario relacionado con el Partido Popular es el ex ministro Villar Mir, que posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones de actividad, en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ven beneficiadas de los recortes de la nueva Ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejería, a las órdenes de Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia. 
Por último, Greenpeace relaciona los posibles intereses de constructores muy ligados con el PP. Bautista Soler, es el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia) que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera en la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados. Bautista Soler, es socio y amigo de otros empresarios del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de mar sobre terrenos vírgenes. Todos ellos, han estado relacionados junto a Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco, fundada tras separarse de Metrovacesa, la principal inmobiliaria del Estado. 
Por todo lo expuesto, Greenpeace pide al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley y que cualquier modificación de la Ley de Costas de 1988 cumpla escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y con la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas. El Proyecto de Ley debe ser elaborado de forma pública e independiente durante lo que resta de legislatura. 

La hipocresía y desfachatez de la Junta de Castilla y León no tiene límites

El pasado 27 de Septiembre se celebró el día Internacional del turismo en Castilla y León con este
lema. “Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo”.
Llama la atención que sea la la propia administración autonómica, con su Consejería de Cultura y
Turismo a la cabeza, la que arropándose de un supuesto lenguaje ecológico, difunda y defienda el
concepto de sostenibilidad a través de una Exposición que propugna dogmas arrebatados sin rubor a
los movimientos conservacionistas, mientras simultáneamente, está promoviendo un proyecto de Ley
Regional para el Desarrollo Turístico Sostenible de San Glorio, que enmascara en forma y fondo la
construcción de una Estación de Esquí en un paraje protegido.
Resulta paradójico que en los mismos folletos de la exposición se afirme literalmente principios
como “Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuo en el futuro, al tiempo
que reportan beneficios”, o “ El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause
serios problemas ambientales o socioculturales”, o “la calidad ambiental se mantiene o mejora”.
Díganme ustedes si una Estación de esquí cumple alguno de los requisitos que se han enumerado
anteriormente. El impacto de la macroestación que se quiere implantar tendría consecuencias
irreversibles sobre la fauna y flora de la zona, endemismos incluidos; se contaminarían las aguas y el
aire por la llegada de miles de coches y decenas de miles de personas dejando abundante
desperdicios por todas partes; el desbroce de vegetación, el movimiento de tierras, el desvío de las
aguas, la construcción de centenares de pilones, casetas, tuberías, caminos de acceso, parkings,
balsas de agua,,,, todo ello con la excusa de que la nieve se aprovecha temporada tras temporada.
Lo que no dicen, los responsables públicos ni la empresa que lo promueve, es las cifra de
consumo energético ingente que necesita para funcionar, lo que no cuentan es que la innivación y el
frío año disminuye año tras año, ocultan las cuentas negativas del resto de las estaciones de la
Comunidad con millones de euros de pérdidas, se callan que, como Ley que es, expropiarán las tierra
a los propietarios sin contar con ellos, miran para otro lado cuando desde Asociaciones de la zona
plantean otras alternativas empresariales por y para la gente de la zona… ¿Tan acostumbrados
estamos a su soberbia y prepotencia que no vemos la cruda realidad de los hechos?
Podríamos decir que los loables objetivos de la Consejería deberían plasmarse finalmente en sus
proyectos y propuestas; pero no, realmente no; es simplemente una letanía que repite una y otra vez
lo contrario de lo que hacen para engañar a propios y extraños acerca del verdadero papel
depredador que ha asumido la clase política de la Comunidad
Por último, y para los más escépticos, la junta nunca ha tenido un informe serio técnico o científico
que muestre el beneficio global de tal descabellada idea. Mas bien, todo lo contrario. Universidades,
CSIC, meteorólogos y científicos han desaconsejado su construcción una y otra vez por motivos
ambientales, climáticos, económicos, culturales y sociales; Incluso jurídicamente con sentencias del
TSJ de Castilla y león y del Tribunal Supremo por ir en contra de la propia Ley Autonómica y
Nacional. Pero no se echan para atrás, simplemente, incurriendo en fraude de Ley Única y de interés
General, se pasan todos los fallos por la badana. Así de claro
Entonces, ¿cual es el verdadero interés?. España está en venta. La deuda arrastra al país.
Privaticemos los Espacios Naturales. Vendámoslos. Permitamos su expolio para seguir pagando los
intereses a los especuladores. Triste, pero indefectiblemente cierto.

Fco Javier Escudero González, portavoz de la Plataforma en Defensa de San Glorio

La nueva Ley de Costas privatizará el litoral español contrariando el artículo 132.2 de la Constitución

Dice el artículo 132.2 de la Constitución española que: “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar litoral y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

Con la nueva Ley de Costas que quiere aprobar el Gobierno de España parece perseguirse la destrucción de una buena parte del litoral español, contrariando el mandato constitucional. Paradójicamente es el encargado de defender el bien común quien pretende habilitar la herramienta para que éste pase a manos privadas. Un claro ejemplo son las concesiones de ocupación de dominio público, que se ampliarían otros 75 años, lo que significa su práctica privatización.

El actual Gobierno español quiere volver atrás en el tiempo y resucitar la especulación urbanística en la costa. El doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que parecía desterrado con la anterior Ley de Costas, será reavivado con esta nueva ley, con las graves y conocidas consecuencias que ello acarrea.

SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS

La actual modificación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1.988 tramitada por el gobierno de la nación, supone una fuerte involución histórica en la ordenación del territorio costero y la práctica vuelta atrás a la situación de los años 60.

Si bien uno de los motivos esenciales de la ley del 88 era poner fin a la situación de desorden generalizado extendido por toda la costa española, con esta iniciativa se consigue justo lo contrario. La nueva normativa da seguridad jurídica y consolida las actuaciones ilegales cometidas en el pasado. De esta manera el gobierno apuesta por mantener los usos insostenibles del litoral español y la degradación de su paisaje y valores naturales.

Con la actual reforma el gobierno abandona la defensa del interés general y asegura la ocupación desordenada del dominio público marítimo terrestre. 

Marea Negra Prestige

FICHA SEGUIMIENTO

A través de esta ficha puedes ayudar a realizar el seguimiento del Prestige en el litoral de Cantabria; una vez rellenada, remítela a ARCA o a Ecologistas en Acción.
Muchas gracias por tu colaboración.

Descargar la Ficha

DONACIONES

Cuenta bancaria organizaciones ecologistas
(Ecologistas en Acción Cantabria y ARCA)

CAJA CANTABRIA  2066 0000 15 0200227856

Epígrafe: Marea Negra en Cantabria

Contra la térmica de Viesgo, por nuestra salud

La Coordinadora contra las térmicas (en la que está integrada ARCA) y las plataformas de AMPAS y Sanitaria hemos convocado una CONCENTRACIÓN en el Boulevard Demetrio Herreros, frente al Ayuntamiento de Torrelavega, que se celebrará el SÁBADO 5 DE ABRIL a las 12,00 del mediodía.

Esta CONCENTRACIÓN tiene como objetivo rechazar la instalación de una central térmica de gas de ciclo combinado de 500 MW en la Comarca del Besaya promovida por VIESGO en terrenos de SOLVAY.

A pesar de los esfuerzos de VIESGO y de SOLVAY, no se justifica la construcción de esta térmica por necesidades energéticas de la Comarca del Besaya, ni por necesidades de SOLVAY. Esta empresa tiene en funcionamiento varias térmicas que aportan vapor de agua y electricidad suficiente para su producción. Más aún, vende el 70% de la electricidad que produce.

Durante estos últimos años Cantabria produce en torno al 50% de la electricidad que consume. De todos modos no necesita convertirse en comunidad exportadora de electricidad para su desarrollo económico y social. Si realmente queremos mirar al futuro, el desarrollo energético de Cantabria se debe buscar en las energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética..

Queremos que nuestros representantes municipales adopten una postura clara como ya lo han hecho otros ayuntamientos de la zona. Los ayuntamientos de Polanco, Santillana del Mar o Penagos han rechazado la construcción de esta central térmica.

Desde hace tres meses, en las que mantuvimos reuniones informativas con todos los grupos municipales de Torrelavega, no han abierto boca. Los concejales y la alcaldesa de nuestra ciudad no se pueden quedar de brazos cruzados cuando está en juego nuestra salud.

El Ayuntamiento de Torrelavega, así como los Gobiernos de España y Cantabria, deben notar que los habitantes de la Comarca del Besaya rechazamos esta nueva central térmica porque carece de justificación y no evalúa adecuadamente los problemas ambientales y de salud que se pueden agravar precisamente en la zona donde mayor contaminación se registra en Cantabria.

Mucha gente hemos tomado una postura firme y meditada en defensa de una vida más saludable en nuestra Comarca. Entre ellas, casi 900 personas que trabajan en centros sanitarios de nuestra región, incluidos médicos, enfermeras, matronas, etc. que nos recuerdan que la contaminación ambiental produce enfermedades y aumenta la mortalidad, incluso con niveles mucho más bajos de los legalmente vigentes para los diferentes contaminantes del aire.