La Sentencia, es un hito en el ajuste de normas viejas a las superiores que amparan la protección ambiental, y sobre todo, con claridad envidiable, consolida el papel de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como garante de la racionalidad de las prácticas cinegéticas, porque (i) no se puede matar injustificadamente (ii) no se puede cazar una especie protegida.

No sólo se anula la norma que amparaba la caza en esos tres años, sino que la Sentencia determina que es obligado compensar la muerte (en la medida de lo posible) de los ejemplares acaecida a lo largo del trienio 2016-2019. Durante ese periodo se abatieron 173 lobos, desglosados en 91 (2016) a los cuales hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión —a instancias de ASCEL— en la temporada 2018. Ello supone un importe de 1.602.153 €, sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe disponer de ese dinero público a fin de ‘reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos’, mediante la presentación de un programa que, ‘como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie’.
El panorama es desolador, porque desde el año 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar (matar) lobos son ilegales. Centenares de ejemplares irremplazables muertos al margen de la Ley. La compensación económica establecida supone, en su finalidad, un cambio de rumbo histórico.

No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin. Y en intentar que ese fin suceda cuanto antes, para evitar más muertes inútiles, nos empeñamos en ASCEL. Pero que decir de la propuesta de Ley de Caza, fútil huida de Suárez-Quiñones, tras intentar burlar al Tribunal, a nuestra Justicia, antes de las últimas elecciones autonómicas. Intenta el exmagistrado burlar a los tribunales y ocultar sus errores, evitando la tutela judicial efectiva ¿dónde se dice eso, Súarez-Quiñones?

Ya no aprovechamos para reclamar su dimisión consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández. Ahora sabemos que es su nefasta política la que propicia este suceso sin par.